El concejal Javier Branca consideró “una posibilidad” que el oficialismo avance nuevamente con el intento de destitución, mediante un juicio político una vez que se retomen las actividades del Concejo Deliberante. Recordó que ya lo planteó Juan Carlos Pino por los medios y también en la convención, si bien no logró acompañamiento en este caso. Lo atribuyó al intento de eliminar voces opositoras que les piden que rindan cuenta del uso de los fondos públicos. Además analizó varios “retrocesos” en la carta orgánica, como la entrega de tierras sin servicios, la contratación directa sin necesidad de licitación aprobada por el Concejo, y la eliminación del estudio de impacto ambiental, que van a provocar una “concentración de poder” en el Ejecutivo.
Río Grande.- El concejal Javier Branca, ex integrante de la recientemente disuelta convención constituyente, hizo su balance de la reforma de la carta orgánica y consideró una posibilidad que se intente avanzar nuevamente con su destitución, esta vez mediante un juicio político.
Por Radio Provincia se lo consultó sobre el voto negativo al texto definitivo que se votó este martes, dado que no fue acompañado por el bloque Somos Fueguinos y tampoco por Javier Branca. Posteriormente procedieron todos a la jura porque “era lo que correspondía y lo que hay que hacer legalmente”, dijo.
“No acompañé el texto modificado de la carta orgánica porque no estoy de acuerdo para nada con esa reforma. La votación negativa refleja lo que fui haciendo durante toda la convención, porque empeñé la palabra, no acompañé la enorme mayoría de las propuestas de reforma y no podía votar ese texto, con todo lo que se destruyó de la carta orgánica en materia de transparencia, en control ciudadano. Se han mutilado derechos de los vecinos y no los voté, por eso no podía votar el texto, como no lo voté durante la convención. Ahora, una vez que fue aprobado por la mayoría, correspondía jurar”, explicó.
Asimismo, expresó su frustración por no haber logrado mejorar la carta orgánica, teniendo una mayoría opositora. “El 15 de mayo vimos que había una enorme mayoría de la oposición y creímos que se iba a poder reformar la carta orgánica para ampliar derechos de los vecinos, para ampliar la transparencia en el manejo de fondos públicos, y en el transcurso de la convención nos encontramos con que la oposición se iba reduciendo cada vez más, que los acuerdos políticos se iban consolidando, y de un momento a otro quedamos 4 en la oposición. En algunas votaciones fuimos 6, pero en la gran mayoría fuimos 4 para votar cuestiones importantes, como la quita del techo para las contrataciones directas”, dijo.
Indicó que “antes por carta orgánica se obligaba a que el Concejo Deliberante estableciera un techo para contratar directamente sin licitación pública, y eso se quitó. Sabemos la contratación millonaria del municipio con la empresa de recolección de residuos y que la licitación se viene posponiendo y posponiendo, con prórrogas luego de los vencimientos, pero ahora ya el municipio no tiene techo para hacer la contratación en forma directa”, aseguró.
“También se sacó la necesidad de que el Concejo Deliberante apruebe con mayoría agravada la adjudicación de las licitaciones públicas. Era un mecanismo que permitía más control y no quedaba solamente en manos del Ejecutivo, sino que debía aprobarlo el Concejo, con una audiencia pública en la que podían involucrarse los vecinos. Eso ya no existe más”, lamentó.
Poder concentrado
El concejal planteó que, aparte de estos ejemplos, se aprobaron una serie de reformas que permiten la concentración de poder en el Ejecutivo, “en este caso es La Cámpora, pero va a ser para cualquier gestión de gobierno. Entendemos que no debe ser así, que la división de poderes es uno de los baluartes de la sociedad democrática, y la carta orgánica anterior tenía mucho de eso. No era necesario quitarle al Concejo Deliberante la posibilidad de controlar al Ejecutivo. Ahora puede contratar directamente la recolección de residuos, por ejemplo, eso fue un retroceso en la transparencia y lo logró La Cámpora con 10 votos lamentablemente; lo mismo la entrega de terrenos sin servicios”, sostuvo.
Conflicto constitucional
Respecto de la colisión entre la nueva carta orgánica y la Constitución Provincial, citó un fallo reciente del Superior Tribunal de Justicia, que“hizo un llamado de atención al municipio y le dijo que tiene que entregar las tierras con servicios”. Fue tras una acción de inconstitucionalidad presentada por el municipio contra el decreto 952 firmado por Melella, que prohíbe la subdivisión de tierras fiscales dentro de los ejidos urbanos, si no cuentan con servicios básicos esenciales. La acción fue declarada inadmisible y sentó un precedente, contrario a lo que aprobó la mayoría en la convención. “Esto es así porque lo establece la Constitución Provincial, y hay que gestionar junto con la provincia para que los terrenos se entreguen con servicios. La provincia cuenta con las estructuras de los servicios y la municipalidad no, y los fondos a veces provienen de la provincia y otras de la nación. La Constitución obliga a eso, pero ahora tiene rango constitucional en la carta orgánica la entrega de terrenos sin servicios, así que no sé cómo se va a resolver. La carta orgánica anterior mencionaba el sistema cloacal, eso se sacó y se puso el tratamiento de aguas residuales y grises, que puede ser con biodigestores, pero lógicamente la red cloacal es mejor. En 2001 no existía el hacinamiento actual y hoy en día los chorrillos de donde sacan agua los vecinos están totalmente contaminados, porque los residuos cloacales van a parar a esos chorrillos de donde toman agua. Hoy tenemos chicos en las escuelas primarias con problemas gastrointestinales provenientes de eso. En 2010 las Naciones Unidas declararon el acceso al agua potable como un derecho humano esencial, y en la era del COVID proveer de agua potable no es una excentricidad, es una necesidad indispensable. En 2022 sancionar una carta orgánica que no obligue al Estado municipal a gestionar para entregar terrenos con agua potable es claudicar ante la inutilidad de una gestión”, fustigó.
“Hoy la inutilidad es de La Cámpora, pero le permitimos no esforzarse a ninguna gestión futura. El fallo del Superior Tribunal obliga a que se entreguen los terrenos con agua potable, con energía, con gas, y no sabemos qué va a pasar. Todo esto se hizo sin las discusiones necesarias. Fueron los funcionarios de la gestión municipal a tratar de convencernos de por qué se podían entregar los terrenos sin servicios, y lamentablemente 10 convencionales aprobaron eso, al igual que la quita de la obligación del estudio de impacto ambiental en cada obra de envergadura pública o privada que se haga en el ámbito municipal. La cuestión ambiental es esencial y debe ser transversal a toda política pública, pero se quitó esa obligatoriedad. Alguien de la municipalidad ahora va a evaluar subjetivamente si la obra afecta o no el ambiente. Si considera que afecta, va a requerir el estudio de impacto ambiental. Lo ambiental también ha quedado mutilado en esta carta orgánica y se aprobó con 10 votos, siendo otro enorme retroceso”, expuso.
Recordó que “hay un conflicto con los vecinos del General San Martín que justamente reclaman los servicios. Hace siete años cuando se entregaron los terrenos les dijeron que iban a tener servicios. Está terminando el segundo mandato y no hay ninguna novedad de que en la urbanización General San Martín vaya a haber cloacas, agua, luz o gas. Tampoco tenemos la garantía de que en una gestión más La Cámpora lo haga”, dijo.
“Antes se decía que roban pero hacen, pero no hacen absolutamente nada. Son 15 mil millones de pesos el presupuesto y no hay carteles en las calles, no hay cordón cuneta, lo que se ha hecho de asfalto es muy poco. Lo único que hay es pintura amarilla en los cordones, e hicieron una pasada así nomás antes del 12 de octubre, pero sabemos que esa pintura en dos semanas desaparece. Uno no puede decir que roban porque hay que tener pruebas, pero hay 15 mil millones de pesos de presupuesto y no se ve el dinero en la ciudad, en obra pública, no se transparenta en el boletín oficial, porque están publicando datos de 2019. De 2020, 2021 y 2022 no hay nada”, aseveró.
Además cuestionó la “falta de trabajo”, que a su criterio quedó demostrado en la convención, porque “todos los días había cien funcionarios que no iban a trabajar y en la convención no cumplían ninguna función más que aplaudir a Walter Vuoto o abuchear a los que planteábamos alguna disidencia. Evidentemente son funcionarios que no funcionan, porque estuvieron tres meses en la convención y encima pretendían que quitáramos la obligatoriedad de título secundario para la planta política. La Cámpora quiso avanzar con eso, se logró poner resistencia y esa votación la perdieron. A esa gente los vecinos les pagan el sueldo con sus impuestos y no trabajan. No es que no hay dinero, porque si uno compara el presupuesto con cualquier ciudad del norte del país, la diferencia es enorme. En Ushuaia se recibe más plata, incluso más que en Río Grande, donde hay más habitantes”, observó.
Rumores de juicio político
Ya de vuelta en sus funciones de concejal, se le preguntó si cree que van a avanzar con un nuevo intento de destitución, que no lograron en la convención, esta vez mediante juicio político en el Concejo Deliberante. “Esto ya lo expresó el presidente del Concejo, que es de la misma fuerza política que Walter Vuoto. En entrevistas radiales ha dicho que está la posibilidad de un juicio político y claramente es una posibilidad. La Cámpora no sabe gobernar con oposición y está acostumbrada a hacer lo que quieren. Vemos cómo se manejan a nivel nacional y en Ushuaia es exactamente igual. Yo lo empecé a vivenciar cuando empecé a marcar a principios de 2021 algunas irregularidades, primero internamente. En el mes de abril dije que hasta ahí llegaba, y en julio o agosto tomó estado público la entrega de terrenos, no a la gente que lo necesitaba, sino a cuñados, a familiares y amigos. Como no pueden transparentar qué hacen con los 15 mil millones de pesos y no están en obra pública ni en semáforos, ni en colectivos, evidentemente no pueden gobernar con alguien que les pregunte dónde está el dinero de los vecinos. El juicio político es una forma con la que buscan no tener más oposición”, manifestó.
“Han buscado todos los mecanismos, incluso lo llevaron a la convención constituyente y me quisieron destituir, pero no lo lograron. Supongo que también lo van a presentar en el Concejo Deliberante, además me han denunciado penalmente y el día que me tocó asumir me llegó una nota de Juan Carlos Pino diciendo que no aprobaban mi licencia como concejal, cuando el presidente del Concejo no tiene poder para prohibirme asumir como convencional. Además ese mismo día dieron de baja al personal que trabaja conmigo y cayó la policía con la notificación de la denuncia penal. Después de tres meses no pasó nada más, nunca me llamaron a declarar. Por los medios la persona que me denunció dijo que había pedido una perimetral, una pericia psiquiátrica, y la persona que me denunció estuvo todos los días en la convención, pasando a menos de dos metros de donde yo estaba en forma permanente; pero la justicia no solicitó nada, no dio la perimetral ni pidió pericias. Hasta ahora por lo visto fue todo espuma mediática para desgastarme y para tener elementos para decir que soy una persona denunciada cuando vuelva al Concejo”, concluyó.
