El Dr. Christian Rubio, abogado patrocinante de los demandantes que tomaron créditos UVA, informó que en la audiencia de ayer se abrió un plazo de 20 días para que el Banco Tierra del Fuego analice cada caso en particular. El proceso recién se inicia y puede llevar tiempo llegar a una sentencia, pero afirmó que hay argumentos de peso para el reclamo de este grupo de vecinos, que pide la revisión de los contratos. Concurrieron 56 damnificados, que forman parte del primer grupo que inició la demanda en la zona norte y, de no mediar una salida judicial, corren el riesgo de perder su vivienda aun con los años que llevan pagando la cuota.
Río Grande.- El Dr. Christian Rubio, abogado patrocinante de un grupo de tomadores de créditos UVA, informó por FM La Isla el resultado de la audiencia de conciliación que se realizó en el juzgado del Dr. Boccardo, entre el primer grupo de demandantes y el Banco Tierra del Fuego. Explicó que “como primer paso se invita a las partes a conciliación y, si no es posible, el juez abre la causa a prueba”.
“En la audiencia no hubo una respuesta concreta del banco, pero se habilitó un plazo de 20 días para la revisión individual de cada caso. Fueron muy enfáticos en señalar que, independientemente de la voluntad de trabajar en la problemática, están sujetos a normativa nacional del Banco Central y no pueden apartarse de eso. Deberían tener una instrucción del Banco Central para poder apartarse. Hemos escuchado por trascendidos que hay gestiones del banco Tierra del Fuego con el Central, por lo que han dicho distintos funcionarios, pero no nos consta en el expediente”, indicó.
“Lo positivo es que se estableció el plazo de 20 días para la revisión de cada caso, independientemente del curso del proceso. Esto no suspende el proceso y el juicio va a seguir. En caso de que no haya un acuerdo se tiene que elevar un informe a la justicia explicando los motivos por los cuales no se pudo materializar. La gente se fue satisfecha en esta instancia, porque por lo menos van a analizar cada caso, independientemente de que se llegue o no a un resultado. El proceso seguirá su curso normal”, afirmó.
Ayer concurrieron 56 damnificados, todos tomadores de créditos en el Banco Tierra del Fuego. “El plazo de 20 días puede ser prorrogado y deberían sentarse las partes en ese caso. En panorama es alentador porque estamos convencidos de que la gente tiene razón y que tiene derecho a pedir la revisión de los contratos. Después de la circular 1050 se dictaron normas que prohibieron la indexación de precios. En el año ’91 se dictó la ley de convertibilidad, que estableció en el artículo 7 la prohibición expresa de indexar deudas de dinero. Esa prohibición de indexación se mantuvo vigente durante décadas. Una vez que se salió de la convertibilidad, en 2002 se modificó la norma, cambiaron el término de ‘australes’ a ‘pesos’, pero siguió vigente. Tenemos una doctrina de prohibición de indexar en razón de la continua inestabilidad política y económica que tenemos en el país. Tenemos antecedentes de esta situación y tenemos las herramientas legislativas. Hay un proceso específico de revisión de contratos, que está previsto para rever los compromisos asumidos por las partes en un contrato de larga duración, cuando se tornan excesivamente onerosos o imposibles de cumplir. Ante la falta de resolución a nivel político nacional, porque no hay una ley que solucione esta situación, a la gente no le queda otra vía que acudir a la justicia y pedir la revisión de estos contratos al amparo de la teoría de la imprevisión, porque esto no pudo ser previsto: cuando se lanzaron estos créditos se hablaba de una inflación de dos dígitos que se estaba reduciendo a uno, y hoy estamos en tres dígitos. Es imposible que los haberes acompañen el aumento desmedido que tienen estos créditos”, planteó.
“La gente paga porque no puede evitar hacerlo. El descuento es automático y hay gente a la que le descuentan el 100% del haber. Hay una cláusula para el caso de que el crédito supere el 35% del haber, que habilita a que la diferencia surgida se difiera para el final del contrato, generando nuevas cuotas. No lo van a terminar de pagar nunca, y son créditos impagables”, sentenció.
“La gente recibió este crédito para pagar una parte de la propiedad que querían comprar o construir, en algunos casos el 75%, en otros el 80%, y en su momento ese dinero representaba una cantidad de salarios determinada. Hay dos personas que dijeron públicamente que recibieron un importe de tres millones de pesos, que para ellos representaban 22 ingresos. Pagaron durante cuatro años y dos meses, y hoy se encuentran con que la cuota pasó de afectar el 13% de su ingreso, a afectar el 52%, es decir más de la mitad del ingreso familiar. Pese a haber pagado todas las cuotas, al día de hoy deben 72 ingresos. Es decir que cuando recibieron el crédito era un adelanto de 22 sueldos, pagaron más de cuatro años y hoy deben 72 sueldos. Lo que termina de cerrar la idea de la excesiva onerosidad es que, si hoy vendieran la propiedad, no cancelarían el saldo de la deuda pese a haber pagado puntualmente las cuotas. Es una locura”, calificó.
Consultado sobre la postura del juez Boccardo, aclaró que “todavía no tomó ninguna decisión porque el proceso está iniciando. Estos son los argumentos que esgrime la gente para fundar su postura y pedir la revisión de los contratos. El juicio va a demorar y todo es parte de un proceso. Está todo en materia de análisis”.
“La mayoría de los tomadores de créditos son de clase media, muchos son médicos, maestros, policías, gente trabajadora que quería llegar a su techo y en su momento esta línea era la disponible para acceder a la primera vivienda. El espiral inflacionario les ha tornado impagable el crédito y tienen la posibilidad cierta de perder su casa, con todo lo que han pagado. Son los ahorros de su vida que se van por la ventana”, concluyó.
