El contador Ramón Gallardo, integrante de la Unión Industrial Argentina, expuso una situación cada vez más compleja para las textiles fueguinas, ante el “lobby” de la Federación Argentina de Industrias Textiles, que nuclea a unos 12 mil trabajadores del país, y rechaza la prórroga. Aseguró que han propuesto hacerse cargo de los sueldos del personal y hasta ahora no hay definiciones del gobierno nacional, por lo cual caducan los beneficios a fin de este año. Ya hay problemas con los insumos y, sin ninguna previsibilidad, estimó que tampoco están tomando compromisos de compras al exterior. Avizoró un 2023 complicado por la falta de reservas, que no se logran remontar, en función de los acuerdos firmados ya por AFARTE y ADEFA para bajar la producción y demandar menos divisas. Estimó que en diciembre se va a empezar a sentir la recesión y lo más probable es que el próximo año inicie con suspensiones. Paralelamente están trabajando con las cámaras locales para lograr una modificación al decreto de prórroga, a fin de que estén representadas en el consejo asesor.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo, integrante de la Unión Industrial Argentina y la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, dialogó con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre la compleja situación de las empresas textiles de Tierra del Fuego, ante la propuesta de la Federación Argentina de Industrias Textiles de hacerse cargo de los sueldos, para que no se prorroguen los beneficios.
Recordó que “el decreto 727 estableció un plazo de cese de los beneficios para las textiles al 31 de diciembre de 2022. Dice que el Ministerio de Economía e Industria podrá prorrogar el plazo en forma plurianual, previo análisis del cumplimiento de la 19.640. A su vez ese decreto estableció un plazo hasta el 24 de abril de 2022 para adherir a la prórroga del subrégimen por 15 años, después tenían 90 días para hacer efectivo el aporte, que venció el 24 de julio de este año. Para adherirse las empresas tenían que renunciar a cualquier tipo de acción judicial que hubieran iniciado contra la provincia o contra el Estado nacional, pero no garantizaba la prórroga. Hubo seis o siete textiles que presentaron un recurso ante la justicia para evitar cualquier tipo de infracción al no haberse adherido”, dijo.
“Uno de los principales problemas que tiene el gobierno nacional es la falta de dólares. Hay unos 38 mil millones de dólares de reservas, pero si le sacamos los 20 mil de China entre otras cosas, le quedaría un neto de 6 mil millones de dólares, y el compromiso que tiene con el FMI es tener un incremento de 5.800 millones de reservas a diciembre de 2022, con lo cual no queda nada. De allí la escasez de insumos para la fabricación. Se cambió el sistema de SIMI por el SIRA, pero siguen existiendo los mismos problemas para acceder a los dólares. La secretaría a cargo de José De Mendiguren todavía no ha dicho qué va a hacer con las textiles. La Federación Argentina de Industrias Textiles, que nuclea a 12 mil empleados, está haciendo un gran lobby para que no se prorrogue el beneficio a las empresas de Tierra del Fuego. Inclusive dentro de las propuestas han dicho que se harían cargo de los sueldos del personal”, reveló tras las gestiones realizadas en Buenos Aires.
“Hay una puja de lobbies, ellos plantean que no están en igualdad de condiciones porque tienen que pagar IVA, Ganancias y una serie de gravámenes que acá no se tributan. Además, también critican los procesos productivos y es parte de la lucha que vamos a tener que afrontar”, advirtió.
También recordó que De Mendiguren tiene textiles en Buenos Aires y hay un conflicto de intereses. “Todos sabemos que los lobbies existen y por eso todavía ni siquiera se ha recibido a las textiles fueguinas en las reuniones. Imagino que desde el gobierno de la provincia están reclamando continuamente que se tome la decisión de prorrogar los beneficios, pero por otro lado está el lobby de esta Federación que no quiere que esto suceda”, señaló ante una postura similar al proyecto de la Coalición Cívica, que hablaba de subsidiar a los empleados de la industria.
Cepo a los insumos
Asimismo, planteó las complicaciones por la falta de insumos que afectan a todas las ramas de la industria. “La Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines -FAIMA- está integrada por 28 cámaras, cada una tiene que hacerle llenar un formulario a sus asociados con lo que necesitan, porque todo se está canalizando a través de la Unión Industrial Argentina, a fin de que el gobierno vea qué es prescindible y no prescindible a los efectos de habilitar la importación. El cepo a los insumos importados por la falta de dólares es una realidad y muchas textiles tienen dificultades para avanzar, además de que todavía no se definió la prórroga. En agosto de este año, AFARTE firmó con el ministro Massa una reducción en la importación de insumos, que significan para el gobierno nacional un ahorro hasta diciembre de 470 millones de dólares. Esto no solamente se firmó con AFARTE sino también con la Asociación de Fabricantes de Automotores de Argentina -ADEFA- por otros 400 millones de dólares. Se acordó no aumentar la producción y no importar tantos insumos, y eso va a generar una recesión que se va a notar en diciembre. Como todos los años, empiezan las vacaciones y después empezamos con el tema de las suspensiones”, manifestó.
“Esperamos que esto sea lo más leve posible y que las textiles puedan lograr la prórroga, pero el próximo año va a ser complicado. Hubo un alivio con el dólar soja, que establecieron en 200 pesos. Ahora se quiere intentar una medida similar, llevando a 225 ó 230 pesos, pero ingresaron tres mil millones nada más. Se habla de una sequía que va a afectar los ingresos del próximo año y realmente va a ser complicado para quienes requieran de insumos importados en 2023. Además, somos un país que importamos gas y combustibles en invierno y en su momento se fueron más de dos mil millones de dólares”, apuntó.
Apuesta a los recursos naturales
Para el contador la salida está en la industrialización de los recursos naturales, y se han dado herramientas para eso. “Hace poco se reglamentó la resolución 1049, que permite a las industrias hidrocarburíferas recuperar los beneficios para hacer más exploración y explotación. Estos beneficios se quitaron en la gestión de Cristina Kirchner y muchas empresas tercerizadas empezaron a pagar IVA y Ganancias. Macri devolvió los beneficios para nuevos emprendimientos hidrocarburíferos, pero nunca se reglamentó, hasta que lo hizo el actual ministro Sergio Massa. Esta reglamentación dice que considerarán nuevos proyectos hidrocarburíferos a los que signifiquen una inversión costa afuera como mínimo de 250 millones de dólares en un plazo de cuatro años; y de 10 millones de dólares en un plazo de cuatro años, costa adentro. Esto no es inmediato, porque va a llevar su tiempo para que dé sus frutos, y fue consecuencia de la necesidad del Ministro de Economía de frenar la importación de gas y combustibles, y tratar de ir al autoabastecimiento. Ya hay empresas que hablan de aplicar 700 millones de dólares para la exploración”, indicó en referencia al yacimiento Fénix.
“Desde FAIMA somos conscientes de que dólares no hay y le van a dar prioridad a las economías regionales del norte del país. Dejando de lado la soja, hay 8.700 millones de dólares que ingresan estas economías regionales, mediante la exportación de vino, de aceite, de cítricos. Acá tenemos algo de la pesca. Esas empresas también están teniendo problemas de insumos, y creo que en la balanza van a pesar las empresas que exportan y traen dólares”, anticipó sobre la orientación que tomaría la respuesta a la demanda de dólares.
“Como fueguino, defiendo la 19.640, que para nosotros es como la Constitución Provincial, porque gracias a la ley la provincia tuvo el crecimiento que tuvo. Nosotros somos dependientes de la mano de obra del subrégimen industrial, donde hay electrónicas, textiles, plásticas, pesqueras. También tenemos que ser conscientes de que esta industria es totalmente dependiente de los insumos importados y, si va a haber pocos dólares, nos vamos a ver afectados”, sentenció.
“La situación de las textiles es complicada y los beneficios tienen vencimiento el 31 de diciembre de 2022; la provincia está peleando por la prórroga, pero hay un lobby que no quiere que esto se logre. Además, las textiles tienen problemas de insumos y, si se los llegan a autorizar, no es una compra inmediata que se entrega mañana. Hay un plazo de 60, 70, 120 días desde que se hace la compra y, ante esta incertidumbre, seguramente las textiles no han hecho ningún compromiso de compra al exterior. Nadie puede comprar algo, sabiendo que le queda poco más de un mes de beneficios”, sostuvo.
“Desde que salió la 19640 se han ido cercenando beneficios. En la época de Cristina Fernández por primera vez se establecieron los impuestos internos a la electrónica, después Macri quiso eliminar el diferencial llevando la alícuota a cero, luego salió el presupuesto de Fernández que vuelve a establecer el diferencial, y han venido tocando la ley. En la gestión Macri se permitió poner valor agregado a los recursos naturales hasta un 50% del valor FOB, y no se supo aprovechar. Esto se contrapone con el decreto de prórroga, porque el fondo de ampliación de la matriz productiva dará prioridad a los proyectos que no requieran de beneficios. Hoy nos queda desarrollar todo el potencial que tenemos en gas, petróleo y recursos naturales. El subrégimen industrial ya está prorrogado por 15 años, con posibilidad de otros 15 años. Nos tenemos que dedicar nosotros a desarrollar nuestros propios proyectos, y estamos trabajando en esto, con intención de incorporarse de la Cámara de Comercio”, dijo.
“La base para el desarrollo está en el petróleo, el gas y los recursos naturales, pero también somos críticos porque tienen que hacerse las obras básicas. No queremos anuncios de obras faraónicas y que después no se concrete nada. Ya se anunciaron como tres petroquímicas; ahora se habla del hidrógeno verde y yo tuve una charla con Ariel Schale y me dijo que la inversión de 500 millones de dólares en Tierra del Fuego es de una empresa fantasma. Esas actitudes molestan. Todos sabemos los anuncios del puerto de Río Grande y nunca se hizo. Es imprescindible para el desarrollo y dicen que lo va a hacer una empresa privada, pero vamos a ver si lo hacen. El Estado tiene que estar presente y es el responsable de hacer esas obras. También molesta que no se explique qué pasó con el puerto Caleta La Misión y en qué situación está”, planteó.
Cambio de gobierno
Consultado sobre el futuro de la provincia en caso de que gane Juntos por el Cambio, consideró que “no importa el que llegue, dentro de la provincia tenemos que hacer nuestros propios proyectos y buscar los fundamentos para discutirlos a nivel nacional. Por eso estamos tratando de desarrollar algo con el decreto 727 de la prórroga. Ya se nombraron tres personas que representan al Ejecutivo y que van a decir qué podemos hacer y qué no. Hay un 60% del fondo que tiene que ir a recursos naturales, que son los bosques, la ganadería, la silvicultura, el turismo, pero, cuando se creó la comisión asesora del comité ejecutivo, no se integraron las cámaras de la provincia, y no sé por qué no está la cámara de turismo, de la madera, de la turba, la sociedad de productores, que son los que realmente pueden asesorar porque conocen los sectores. Son modificaciones que estamos impulsando y para eso estamos preparando un borrador. Creo que fuimos ingenuos cuando se hicieron los anuncios. Yo tuve charlas con funcionarios nacionales y todas las opiniones eran en contra de otorgar la prórroga, después salió lo que salió. Ahora tenemos que intentar modificar esto para tener un representante en el comité donde se decide el futuro de Tierra del Fuego. El comité asesor lo integra solamente la UIF, que es totalmente electrónica, cuando los fondos son para la ampliación de la matriz productiva en recursos naturales. La UIF jamás se abrió al resto, y acá ya existe una cámara de la turba, una cámara de turismo, una cámara de madera, una cámara de comercio, una sociedad de productores, que son los que conocen los recursos naturales. Ese es el pedido que estamos haciendo para modificar una serie de puntos, hasta la administración de los fondos, porque se nombró a una empresa de Buenos Aires cuando tendría que hacerlo una institución de Tierra del Fuego”, concluyó.
