El Dr. Federico Rauch planteó que prácticamente depende de una decisión política modificar el precio de referencia que deriva en tarifas imposibles de pagar. Esta semana se realizó la audiencia pública que será la antesala de un nuevo tarifazo, pero el problema de fondo reside en el precio que los concesionarios están fijando libremente. Rauch afirmó que desde 2001 hay una comisión de renegociación facultada para rediscutir los términos de los contratos de concesión y en particular “la cláusula que faculta a los petroleros a fijar libremente el precio en dólares”, pero nadie está dispuesto a hacerlo. El estado aceptó hasta ahora cubrir la diferencia por la vía del subsidio para no trasladar todos los costos al usuario, “sacando el dinero de los impuestos generales que todos pagamos”, subrayó. La gestión Macri viene reduciendo subsidios, pero sigue sin sentarse frente a los petroleros “para discutir el precio en dólares que ellos pretenden por el millón de BTU de gas”, cuestionó. “Mientras eso no ocurra, vamos a seguir permanentemente en una situación sumamente dificultosa de acceso a la energía”, advirtió el letrado.
Río Grande.- El Dr. Federico Rauch fue consultado por Radio Universidad sobre el nuevo tarifazo de gas por venir, tras la audiencia pública realizada esta semana en la que se aumentó en dólares el valor de referencia y, sumado al cambio de cotización, podría traducirse en aumentos de hasta el 200% según han advertido asociaciones de defensa del consumidor.
El abogado planteó que “somos productores pero no recibimos ninguno de los beneficios que tendríamos que recibir. El manejo de los recursos naturales está muy vinculado con el manejo de las empresas energéticas, de las petroleras. Las negociaciones no son públicas y no tenemos información, o la tenemos en forma parcial”.
“Las tarifas son impagables y, a pesar de ser extremadamente altas, según el estado nacional todavía están siendo subsidiadas en un 80%. Sea por la vía de impuestos o por la vía de las tarifas que pague el consumidor, lo único que no se discute es cuánto tiene que ganar el que extrae el gas de Tierra del Fuego”, subrayó como cuestión de fondo.
“El precio de boca de pozo está fuera de discusión, porque las petroleras y el gobierno a partir de Aranguren sostienen que eso es precio y no tarifa, y no se puede discutir el precio, que estaría en un contrato de concesión intocable que se hizo en la época de Martínez de Hoz y se fue renovando y prorrogando indefinidamente, a lo largo de 40 años, respecto de un país que no existe y en condiciones económicas totalmente diferentes”, sostuvo.
Para el gobierno “la libre fijación del precio por parte del concesionario es lo único que hay que atender. En una palabra, la petrolera fija libremente el precio de cuánto quiere cobrar por el gas que extrae de Tierra del Fuego y todos los demás se tienen que conformar con eso y aceptarlo”, dijo.
A cambio, las provincias productoras reciben regalías que “son una parte del negocio, porque es el porcentaje que la clase política estableció con las empresas hace muchos años atrás, y es un porcentaje bajo que va del 8 al 13%, según el contrato. Hay una famosa comisión de renegociación que se hizo en 2001, en el último estallido que hubo en el país. Esa comisión está vigente a nivel nacional para rediscutir los términos de ese contrato de concesión originarios, especialmente la cláusula que faculta a los petroleros a fijar libremente el precio en dólares”, aseguró.
La herramienta está, pero no se usa y los intereses de las empresas no se tocan, pese a la presión que sigue subiendo para los usuarios. “Eso quedó congelado a partir del 2001 y el estado aceptó pagar la diferencia de lo que pedían los petroleros a través de subsidios, sacando el dinero de los impuestos generales que todos pagamos. Todavía esto se sigue haciendo, pero nadie está dispuesto a sentarse frente a los petroleros y discutir el precio en dólares que ellos pretenden por el millón de BTU de gas, por ejemplo. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir permanentemente en una situación sumamente dificultosa de acceso a la energía por parte de la población”, advirtió.
El abogado consideró nula la incidencia de las provincias por su participación como accionistas de YPF para torcer estas decisiones. “Las acciones que tienen los estados provinciales en YPF no mueven la aguja, son acciones minoritarias. El management, el control de la sociedad de YPF es privado. Las provincias pueden plantear algunas cuestiones pero no manejan la empresa ni la van a manejar. La empresa hoy es privada, no es una empresa estatal y, si bien colabora con la política energética nacional en alguna medida, porque el precio de la nafta es más bajo que otras petroleras que operan en la Argentina, son cuestiones coyunturales y voluntarias”, subrayó.
“El problema es que el precio de los hidrocarburos líquidos y gaseosos sigue siendo fijado libremente por los concesionarios. Y son concesionarios, no son productores de origen, porque el recurso es nuestro, de los argentinos. El petróleo y el gas no están en Estados Unidos ni en Europa, están acá. La cuestión es que el origen de esta relación está basada en esos contratos de concesión que establecen que, cuando el producto se saca de la tierra, pasa a ser propiedad del concesionario, y que éste puede fijar el precio en dólares libremente”, explicó.
En un escenario recesivo y con una descomunal corrida cambiaria, las perspectivas son las peores para la subsistencia de los argentinos, que no solamente serán golpeados por más tarifazos, sino por el aumento de precios: “La economía argentina está dolarizada, y esto quiere decir que no solamente el dólar se considera una moneda de reserva y de ahorro, sino que los precios relativos internos de la economía están calzados con el valor relativo del dólar. Eso es algo único y no pasa en otros países”, aseguró, sobre otra decisión política que podría cambiarse.
“En la medida que ese calce se mantenga y se traslade a precios toda variación del dólar, va a seguir impactando en los costos de producir y de emplear. A eso se suma la enorme presión tributaria que tiene cualquier persona que quiere emprender algo en la Argentina, y esa presión también está dolarizada. Evidentemente la ecuación no cierra y eso hace que la situación actual sea extremadamente delicada”, sentenció.
El negocio de la construcción
Por otra parte, se le pidió opinión sobre el futuro de la obra pública en la provincia, financiada con la colocación de bonos que se negoció con un dólar a una fracción del valor actual. “El negocio de la construcción en la Argentina se basa en recibir un adelanto y luego ir planteando mayores costos, previendo que la economía argentina no va a ser bien manejada. Se fijan relaciones de dólar a una tasa determinada y demás. El origen de este problema hay que verlo en el endeudamiento. El problema está en que se toma una deuda de 200 millones de dólares en Nueva York y lo primero que se hace es transformarlo en pesos a un valor de dólar que en ese momento estaría en los 14 pesos, para luego dejarlo en un plazo fijo sin aplicarlo a los fines para los cuales se había diseñado. Al dejar ese valor en pesos argentinos, claramente se va descapitalizando. Ahora además tienen una discusión con los contratistas que reclaman el dólar de 40 pesos, con los mayores costos que eso implica, con lo cual se licúa más el saldo de dinero que queda”, señaló.
“Los fueguinos quedamos endeudados en 200 millones de dólares, no de pesos, y además hay que sumar una tasa de interés que es la más alta de toda Latinoamérica. Todavía no hemos empezado a devolver ni un solo centavo, y se va a empezar a devolver en el próximo gobierno, en 2019, cuando Bertone tal vez ya no esté, y fue la que contrajo la deuda. Pero va a haber que devolverlo en dólares, no en pesos, y para conseguir esos dólares va a haber que recurrir a pesos argentinos, a producción, a impuestos o a algo, para adquirir los dólares y poder pagar”, anticipó.
Recordó que en esta operación se acordó una suerte de “débito automático, porque el convenio dice que, a partir de la fecha en que comience el repago del préstamo, las petroleras en vez de pagar las regalías al estado provincial, van a depositar esa plata a una cuenta en Nueva York del grupo de prestadores de este fondo, con los intereses respectivos. Eso en la práctica va a significar una disminución de cierta importancia y creo que puede afectar un 10% de la caja mensual de ingresos que tiene la provincia”, estimó.
Demanda del SUTEF
Finalmente, como abogado del gremio docente, dio detalles de la denuncia presentada contra la gobernadora y el vicegobernador, por presunto incumplimiento de la ley provincial de educación.
“Como gremio el SUTEF tiene la función de recepcionar los reclamos de sus afiliados con referencia al mantenimiento de las escuelas y el estado en que se encuentran los establecimientos en las tres ciudades de la provincia. Hubo situaciones en las que han intervenido bomberos, todas fueron detalladas en la presentación y son una docena de casos en estos últimos tres meses. Esto nos da un indicio de que el mantenimiento de las escuelas no parece estar funcionando”, dijo.
“Debido a todas las quejas que había, nos pusimos a estudiar qué estaba pasando con el dinero que tenía que estar asignado para el mantenimiento de las escuelas. Fuimos al presupuesto 2018, que está vigente, a la ley de educación de la provincia, donde hay un artículo específico que establece que en el presupuesto de cada año deben consignar qué plata se va a gastar y qué partida presupuestaria se va a asignar para mantener el estado edilicio de los institutos educativos en general. Ese artículo no está en el presupuesto 2018, solamente se asignó el presupuesto salarial, pero no una partida específica para el mantenimiento edilicio de la infraestructura educativa, y eso es un problema serio, porque es un incumplimiento importante y es dejar sin financiamiento la infraestructura escolar”, expresó.
En consecuencia, “el SUTEF hizo una presentación para que se averigüe qué ha pasado con esto, porque es un incumplimiento de la ley proyectada por Bertone y Arcando, aprobada por la Legislatura y promulgada por ellos, pero no hay partida asignada para el mantenimiento de escuelas. Los edificios tienen un estado de deterioro progresivo y es necesario averiguar qué pasó, por eso le hemos pedido a los fiscales que investiguen. Si no hay una partida, hay que ver quién hace el mantenimiento, de dónde sale la plata y si se ha tercerizado”, dijo.
“Hemos podido conocer que parte del mantenimiento de los edificios fue tercerizado al ex concejal Luna, que es un sujeto condenado por defraudación al estado años atrás. De ser cierto, sería algo sumamente irregular, no sólo porque no hay partida presupuestaria para pagarle a Luna, sino porque no sé si Luna puede ser contratista. Esto no me consta por eso hemos pedido a los fiscales que averigüen. Le corresponde a los fiscales investigar, solicitar los informes de los actos administrativos respectivos, a fin de investigar qué dinero se gasta, sobre la base de qué presupuesto o partida presupuestaria aprobada, y si se están manteniendo o no las escuelas”, subrayó.
“Si hubiera una partida, uno podría asumir que se está ejecutando y como mínimo tendríamos un viso de legalidad, pero la ley general de educación no se está cumpliendo”, insistió.
Igualmente se mostró escéptico del eco que pueda tener esta presentación en la justicia: “Yo le he dicho al SUTEF que no soy muy entusiasta porque en general la justicia no investiga a los gobernadores ni vicegobernadores mientras están en funciones. Generalmente la justicia argentina espera que se vayan para investigarlos, así que no soy muy optimista”, concluyó.
