La Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Río Grande salió nuevamente a reclamar “por la competencia desigual que genera la ilegalidad comercial” y recordaron que “el comercio habilitado conlleva relevamientos, aportes y contribuciones, lealtad comercial y garantías de productos, seguros, inspecciones, obligaciones de guarda de documentación de hasta 10 años de antigüedad, multas por plazos de contestación y la amenaza de la aplicación de la legislación Penal Tributaria”.
Río Grande.- Ante la competencia desleal que genera la informalidad comercial en Tierra del Fuego, el pleno de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, salió nuevamente a la palestra para cuestionar esta situación que los perjudica enormemente.
“Las entidades empresarias hemos reclamado recurrentemente, por la competencia desigual que genera la ilegalidad comercial”, observaron al tiempo que recordaron que “el comercio habilitado conlleva relevamientos, aportes y contribuciones, lealtad comercial y garantías de productos, seguros, inspecciones, obligaciones de guarda de documentación de hasta 10 años de antigüedad, multas por plazos de contestación y la amenaza de la aplicación de la legislación Penal Tributaria”.
En ese sentido cuestionaron que “vendedores ambulantes, taxis, remises, transportes ‘truchos’, venta de medicamentos, showroom, puestos callejeros, venta domiciliaria, locales no habilitados, las denominadas ‘ferias de emprendedores’, son algunas de las múltiples manifestaciones para explotar comercialmente cualquier tipo de rubro sin ningún inconveniente”.
Consideraron que “se da la paradoja que muchos puestos son empleados de gobiernos y comercios que ponen puestos de venta en estas ferias. Funcionan en gimnasios de Colegios, se cobra por puesto con tributación escasa o inexistente todos los fines de semana de viernes a domingo con absoluta prescindencia de controles por parte de los gobiernos que miran para otro lado, pese a los reclamos permanentes por parte de los comercios linderos avasallados por la concentración vehicular en sus veredas”.
Lamentaron que “esta modalidad prolifera aún dentro de instituciones provinciales y municipales, teniendo como actores necesarios a funcionarios públicos que lo toleran o directamente en muchos casos, son quienes lo propician”.
“No vemos un ente público preocupado en explicar, ante quien y como radicar las denuncias pertinentes por infracciones relevadas, comprobadas y de quien es la responsabilidad primaria de que estas situaciones anómalas persistan”, cuestionaron.
Entendieron que “bajo esta metodología vemos como se comercializan sin control alguno productos de toda índole, desde celulares hasta huevos de granja, desde materiales de construcción a cortes cárnicos, desde prendas de vestir o calzados hasta artículos de bazar y alimentos elaborados de todo tipo”.
“Los formatos tienen como común denominador la evasión fiscal y a la seguridad social como primera transgresión y luego, la procedencia indeterminada de lo comerciado; es decir, que se venden productos originarios del contrabando, robos, fraude marcario, con total desapego a las normas de seguridad, la salud pública que rige para la industria formal, la responsabilidad por garantías, desperfectos, normas trazabilidad (ISO 9000/9001) y de seguridad equipos electrónicos ( IEC 61508) muchas veces financiados por fondos provenientes del narcotráfico, lavado de dinero, producto de la corrupción y/o fondos de organizaciones criminales, (las que utilizan la ilegalidad para multiplicar recursos, además de utilizar a los actores para sus trabajos de inteligencia)”, agregaron.
En ese sentido manifestaron que “con el creciente avance de la tecnología y los nuevos formatos comerciales se ha generado también la posibilidad de ofertar productos sin control alguno a través de las redes sociales, siendo el Market Place de Facebook el más popular aunque no el único”.
Finalmente señalaron que “si bien las plataformas de comercio on line tratan de cubrir mucho las formas legales ya que su objetivo final es el negocio financiero a través de sistemas de transacciones electrónicas, las redes sociales no ofrecen las mismas garantías entendiendo que se tratan de acuerdos mutuos entre oferentes y requirentes, lo que hace muy difícil su control por parte de las autoridades, ya que en la mayoría de los casos quienes comercializan lo hacen a través de identidades irreales y muy difícilmente localizables. Esto no es exclusivo de nuestro país, es global, pero los países más desarrollados tienen unidades especiales y formadas profesionalmente para morigerar el efecto dañino que causa”.
