El ex empleado municipal Eduardo Cabral, integrante de la Asociación de Jubilados Municipales de Río Grande, informó sobre la reunión mantenida el viernes con los nuevos directores de la obra social, que hace un mes entraron en funciones. Afirmó que fueron escuchados y que han demostrado voluntad para cambiar la situación, ante los inconvenientes para el acceso a medicamentos, derivaciones y corte de prestaciones. De parte de la caja esperan la reglamentación de la reforma aprobada en diciembre pasado, a fin de comenzar a reclamar el recálculo de sus haberes. Estimó que en promedio están cobrando entre el 60 y el 65% del sueldo de un trabajador activo, cuando deberían recibir el 82% móvil. Cargó contra los propios trabajadores de la obra social y la caja, que traban expedientes y “nadie los toca”, porque hay intereses políticos y sindicales en medio.
Río Grande.- Eduardo Cabral, representante de los jubilados y ex empleado municipal, dialogó con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre la reunión mantenida el viernes pasado con los nuevos directores de la obra social, y el reclamo realizado por el mal funcionamiento de las prestaciones, derivaciones y farmacia.
“La Asociación de Jubilados Municipales se creó por necesidad, y el presidente es Sergio García. En su momento a un compañero de trabajo la obra social no podía acompañarlo y algo teníamos que hacer. No teníamos a nadie que representara a los jubilados municipales, porque una vez que pasamos al sector pasivo, para algunos pasamos a ser un descarte. La obra social debe acompañar al jubilado, porque las enfermedades llegan más rápido, se manifiestan más rápidamente, y el jubilado ha aportado toda su vida, así que no puede ser que no acompañen. Si tienen que derivar a alguien a Buenos Aires están pagando 4 mil pesos por día para dos personas, y hay que pagar hotel, comida, taxi y todos los gastos. Es una aberración lo que está pasando ya desde hace muchos años”, dijo.
“El jubilado muchas veces es descartable para muchos y parece que no servimos a la sociedad, cuando tendría que ser lo contrario porque son personas con mucha experiencia y sabiduría, pero no se los tiene en cuenta. La farmacia no funciona, no tenemos prestadores. Hay dos farmacias, una en Ushuaia y otra en Río Grande, pero no funcionan por los malos manejos de la obra social, de los trabajadores que hacen los expedientes para comprar los medicamentos. Todo es política, y en la obra social hay representantes de los gremios, de los legisladores, de diputados y senadores, que meten gente adentro y traban todo lo posible. No hay nadie que no esté capacitado. Yo hace muchos años que estoy en la obra social y sé cómo es el manejo, pero les conviene que le vaya mal a la OSEF para perjudicar a una gestión, y están perjudicando a toda la gente en las derivaciones, en los medicamentos”, cuestionó.
“Nosotros pagamos los medicamentos más caros, porque la obra social debería comprar a los laboratorios. Los dos directores nos explicaron este viernes que están comprando a otras farmacias locales o a las droguerías. Hoy si vamos a la farmacia nuestra, no hay medicamentos y nos derivan a otras privadas, que facturan dos o tres veces más. Hace poco firmaron la compra de medicamentos por 35 millones de pesos, directamente a un laboratorio. En la farmacia o en la droguería se pagaban 80 millones de pesos y esto se venía haciendo hace años”, afirmó.
“Los prestadores no quieren atender a la gente de OSEF, porque no les pagan o el trámite tarda ocho o nueve meses, en lugar de 20 días. El panorama es complicado porque hablamos de salud, de medicación que deben cubrir al 100% y no la pagan por la burocracia interna. Esto le pasa a oncológicos, a diabéticos, a enfermedades muy complicadas, y no están dando la cobertura”, sostuvo.
“Los directores están hace un mes, y nos decían que levantan un papel y salen cucarachas, todos negociados, como la compra de medicamentos. Las directoras anteriores no hicieron nada y son cómplices de no haber hecho las denuncias pertinentes ante estos negociados. Al funcionario que no funciona hay que sacarlo, porque está perjudicando, y todos los que aportamos estamos siendo estafados por la cantidad de medicamentos que se pagan dos o tres veces más caros”, enfatizó.
“Con el avión sanitario pasa lo mismo. En los negociados hay un entramado complicado porque hay política, parte de la justicia, y muchos millones de pesos involucrados. Una sola facturación son 50 millones de pesos. Si son parte del negocio, no pueden reclamar. En nuestra obra social y nuestra caja cada uno tiene su porción política, sindical, porque meten su gente, son todos parte y se cubren. Nadie habla y se corta por el jubilado”, lamentó.
Buenas intenciones
Respecto de los dos nuevos directores, dijo que los vio “con muchas ganas de hacer las cosas bien. Felicito y agradezco que hayan venido a darnos este panorama de la obra social. Vi mucha predisposición para que nosotros acerquemos todas las inquietudes y la problemática que tenemos y nos van a tratar de dar una solución. Hace un mes están y ojalá los tres años que van a estar sean igual”.
“La actual presidente sigue siendo Mariana Hruby, y Olgiatti sigue como vicepresidente, que son puestos por el gobierno. Son cuatro en total y desempata la presidente. Con las directoras anteriores no tuvimos ninguna reunión. Ahora queda en manos de los nuevos directores revisar todo lo que esté mal e ir a la justicia”, sentenció.
Asimismo, cargó contra los entes de control, tanto el Tribunal de Cuentas como el Fiscal de Estado, que “está para controlar estas aberraciones que pasan con fondos que son de la provincia. Está hace más de 30 años y acá hay muchos responsables que miran para otro lado, cuando hablamos de miles de millones de pesos”.
“Hoy los jubilados estamos siendo escuchados, y hemos tenido reuniones con los legisladores cuando salió la reforma de la caja. Otra cosa que tenemos que agradecer es que a fin de año pudimos hablar con el intendente de Río Grande, porque le había dado un bono a los activos y de los jubilados se olvidaron. Gracias a dios pudimos conseguir solamente en Río Grande un bono de 25 mil pesos para 560 jubilados municipales, y somos más de 800. El 80% estamos por debajo de la canasta básica y eso habla de la necesidad que hay. Tenemos jubilados municipales que están ganando 60 mil pesos, con categoría 11, que es una vergüenza, y también son bajos los sueldos de los activos, porque parte se paga en negro. Un jubilado categoría 24 debe estar cobrando 140 mil pesos. Los jubilados en general no cobramos el 82% móvil. En noviembre la municipalidad arregló el 30% con ATE, en tres tramos del 10%, pero nosotros cobramos un 8,9% en un tramo, y en el otro cobramos un 7,2%, porque nos aplican un coeficiente. Estamos perdiendo un 3 ó 4% cada vez que hay aumento desde que aplicaron el coeficiente. Hoy debemos estar cobrando entre el 60 y el 65% del sueldo de un activo”, estimó.
“Hay diferencia con los jubilados provinciales, porque en la época de Bertone los activos no recibieron aumento y tampoco los jubilados. Ahora se están acomodando los activos de la provincia y también los jubilados por los aumentos que dio este gobierno. En la Municipalidad de Río Grande en uno de los últimos aumentos le dieron el 40% al título, que no todos tenemos. Pero ese 40% se calcula sobre la masa salarial y los jubilados que tienen título terminaron cobrando un 4%. Ese es el problema del coeficiente y hemos pedido a la Legislatura que lo saquen, porque es perjudicial para el jubilado. Esto viene desde el 2016, a partir de todas las modificaciones que hizo Bertone junto con (la ex presidente Margarita) Gallardo”, acusó.
“Esto pasa porque no escuchan al jubilado. A nosotros nos empezaron a escuchar el año pasado. Somos pocos los que nos preocupamos, y esto pasa cuando les falta la medicación, cuando no sale la derivación o no les alcanza la plata. Si no, no se preocupan. Una jubilada como directora general de Finanzas no llega a cobrar 200 mil pesos, cuando el que está en actividad cobra arriba de 300 mil. Tendría que cobrar el 82% de la directora que está en actividad. Otro problema es la determinación de los haberes. A los que nos jubilamos en 2016 nos promediaban los últimos 10 años. Con la reforma de la ley el 7 de diciembre, que tienen que reglamentar, nos tienen que redeterminar nuevamente el haber a los mejores 5 años, con el monto actualizado”, recordó. “Yo fui director de Juventud de la Municipalidad en 2005 y hay que ver cuánto gana el director actualmente. La ley se tiene que reglamentar y les dieron 6 meses. Esperamos que se reglamente para que no nos sigan metiendo la mano en el bolsillo”, expresó.
“Yo he tenido discusiones con Pablo Blanco, que ahora es senador y votó la reforma en 2016, porque no consultaron a nadie y nos perjudicaron. A la caja le robaron 208 millones de dólares y están pagando la deuda en 180 cuotas pesificadas en 2012. Eso deberían haber reclamado”, consideró.
Jubilaciones por venir
Cabral barajó que con la reglamentación se van a acelerar las jubilaciones porque hay muchos que están en condiciones de jubilarse y no lo hacen por la diferencia en el haber con los activos. “Con esta reforma que se votó, van a empezar a hacer los papeles porque han puesto un límite de seis meses para iniciar el trámite. Si a los 181 días no hicieron el trámite, automáticamente quedan sin trabajo”, aseveró.
El tiempo sin cobrar desde que se jubilan es otro tema a resolver. “Yo metí mi expediente en julio de 2015, antes de la reforma, y me notificaron de mi jubilación en julio de 2016. En mi caso empecé a cobrar a los 30 días el 60%, pero pueden pasar tres o cuatro meses. Para empezar a cobrar mi jubilación entera pasaron 13 meses. Después pagan retroactivo, pero mientras tanto hay un impacto terrible. Esto es por la burocracia interna que hay, por la falta de ganas de algunos trabajadores a los que no le importa. Como nadie los toca, no se los puede suspender ni advertir ni nada, hacen lo que quieren. Los jubilados no nos vamos a quedar callados y no tenemos que quedarnos en casa, porque tenemos que mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de atención de salud y nuestro sueldo”, concluyó.
