El Dr. Raúl Paderne, abogado de la ex asesora de la concejal del MPF Mariana Oviedo, destacó la prueba producida que derivó en el llamado a indagatoria tanto a la edil como a su hermana, y hoy podrá conocer en detalle la justificación que dio en la audiencia. El juez de la causa tiene diez días para decidir si avanzará con el procesamiento, el sobreseimiento, y también puede dictar la falta de mérito. En todos los casos la medida puede ser apelada, adelantó. Como representante de la querella, afirmó que su defendida era obligada a dejar parte de su sueldo, que se depositaba en la cuenta de la hermana de la concejal, bajo amenaza de despido y, de hecho, cuando decidió poner fin a la práctica, fue dada de baja en su puesto de trabajo.
Río Grande.- El Dr. Raúl Paderne, abogado de la ex asesora de la concejal Mariana Oviedo (MPF), fue consultado sobre la indagatoria que se tomó ayer tanto a la edil como a su hermana.
Por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 explicó que esto “responde a una denuncia original de mi cliente y después a la constitución como querellante. Se hicieron las labores de investigación previas en el juzgado, se produjo parte de la prueba que habíamos ofrecido como querella, y el juez decidió llamar a indagatoria a la concejal, a su hermana y a una persona más”.
Entre la prueba presentada, mencionó conversaciones por chat y depósitos en cuentas familiares. “Esencialmente es prueba documental y también desde la instrucción se fueron tomando declaraciones testimoniales. Se ha conformado un cuadro probatorio que entiendo que justificó el llamado a indagatoria. Hoy vamos a tener una precisión de lo que han declarado. Nosotros entendemos que existe la comisión de un delito por parte de la concejal y vamos avanzando con esto. La calificación legal la veremos en los días posteriores a que el juez resuelva la situación”, indicó.
Sobre los hechos que se le imputan, recordó que “denunciamos que esta persona (Oviedo) obligaba a su asesora a darle parte de su salario cuando no correspondía, y no era un aporte voluntario. Era una de las personas que trabajaba en su bloque, debía restituir parte de su salario y depositarlo en la cuenta de su hermana. Hay mucha prueba producida en el expediente y quien era la asesora deberá contestar claramente sobre la no voluntad de que esto pasara, y que era obligada para no perder el puesto de trabajo”.
Descartó que fuera una decisión aislada de la hermana de la concejal, porque “acá había una indicación específica de Oviedo, bajo una amenaza específica de despedir. (La asesora) No llegó a estar un año pero trabajó un tiempo importante, hasta que llegó un momento en que dijo basta, y ese No terminó con el despido”, sostuvo.
“Hemos ofrecido la prueba y hoy podremos hablar con mayor precisión sobre qué dijo la concejal sobre la prueba, porque todavía no sé qué ha contestado. Los testimonios han sido claros y veremos qué justificación esbozó para tener una idea más clara de cómo va a seguir esto. Yo entiendo que dentro de diez días habrá un pronunciamiento judicial, que puede decidir el procesamiento, el sobreseimiento, o dictar la falta de mérito”, señaló, con la salvedad de que cualquier decisión del juez puede ser apelada.
“El procesamiento es la primera vinculación de la persona formalmente al proceso y después su abogado defensor apelará o no, habrá una instancia de revisión de la decisión judicial, en uno u otro sentido. Estamos en los albores porque esto recién empieza”, manifestó.
La causa está en el juzgado de instrucción Nro. 3, a cargo del Dr. Vidal. “Yo represento a la ex asesora y tuve colaboración de gente del MPF, que me llamaron y se pusieron a disposición, porque estas cosas no pueden pasar. Tuve todo el apoyo y ningún inconveniente vinculado con presiones políticas”, destacó.
Contrabando de material de la DPE
Por otra parte ayer se dio lectura a los fundamentos de la sentencia condenatoria por la sustracción y contrabando de 14 rollos de cables de cobre de la Dirección Provincial de Energía, que estaban en un depósito de Vialidad, durante la gestión de Fabiana Ríos, y tenían como fin la interconexión eléctrica con los centros invernales.
“Los fundamentos de la sentencia son bastante contundentes. Fue una sentencia dura, muy bien fundamentada, y no lo digo porque me dieron la razón. La sentencia es muy sólida e intervino el Tribunal Oral Federal de Ushuaia. Son tres jueces que van rotando en la presidencia de cada juicio, está la Dra. D’Alessio, el Dr. Giménez y el Dr. Quadrini. En este caso el Dr. Quadrini presidió este debate”, dijo.
“Está plasmado cómo se tejió el ardid, cómo se sacaron las cosas, cómo se logró pasar por Aduana el material, y ha quedado muy claro. Los cables fueron sustraídos y sacados de la provincia hasta Buenos Aires, donde fueron reducidos. Quiero ser prudente con el monto involucrado porque hay que ser muy preciso en el reclamo, pero son alrededor de 900 mil dólares. La fábrica de esos cables ya está cerrada y las especificaciones concretas pueden diferir, y una pequeña diferencia con cables similares podría significar un montón de plata menos o un montón de plata más. Estimo que será alrededor del millón de dólares y hasta un poquito más”, barajó.
Caber recordar que fueron cinco los condenados en la causa que inició cuando Saldivia era presidente de la DPE y recurrió al Dr. Paderne tras detectarse el robo de 14 bobinas de cables de cobre. El material fue sacado de Tierra del Fuego, declarado como chatarra, a nombre de una empresa a la cual habían sustraído remitos en blanco. La despachante de Aduana Susana Sanabria fue condenada como autora material de contrabando agravado y le dieron 6 años de prisión de cumplimiento efectivo. También fue condenado Andrés Márquez -alias El Gitano, quien llevó los remitos en blanco- como autor material del delito de contrabando calificado por el concurso de más de tres personas y le dieron 7 años de condena de cumplimiento efectivo. A Norberto Galindo Díaz -encargado del transporte del material- le dieron 3 años de prisión en suspenso. A Elohim Guillén Martínez -auxiliar de Sanabria- le dieron 2 años y medio de cumplimiento en suspenso; y a Tomás Luna y Eduardo Amari -empleados de la Aduana- le dieron 2 años de prisión de cumplimiento en suspenso.
Conocidos los fundamentos, se iniciaría la acción civil contra los implicados para que respondan patrimonialmente por sus acciones, para lo cual el Dr. Paderne elaboró un dictamen dirigido al actual presidente de la DPE.
