La propuesta estipula un plan a 11 años que pase de premiar la facturación de las empresas a premiar el valor agregado que generen. Entre las razones sostienen que el régimen «no suma valor agregado y cuesta más de USD 1.000 millones por año».
Río Grande.- El centro académico ‘Fundar’, una organización dedicada a la investigación y el diseño de políticas públicas, realizó un balance sobre los logros y limitaciones de la política industrial y señaló una serie de medidas para «cambiar y mejorar» el régimen de promoción industrial.
La propuesta se realizó a través de una serie de documentos con el nombre de “Hacia una transformación productiva posible en Tierra del Fuego”. Según el informe, el subrégimen industrial genera un costo fiscal anual de USD 1.070 millones. «Hay que poner la plata en sectores que generen valor real y sustentabilidad”, señalaron.
Como medida principal para reformular el subrégimen industrial, estipulan pasar de premiar la facturación de las empresas a premiar el valor agregado que se genera en el país ya que, desde Fundar, consideran que si bien el régimen logró sus objetivos geopolíticos de crecimiento poblacional, no pudo “desarrollar un conjunto de actividades industriales que sean económicamente sustentables en ausencia de los beneficios que se le conceden”.
El cambio en el esquema de incentivos fiscales propuesto hay dos elementos centrales de implementación gradual. El primero pasa de otorgar el crédito fiscal por IVA tomando como base el volumen de ventas a otorgarlo tomando como base la porción de valor agregado en el país (la importación de insumos pasaría a pagar IVA). El segundo, determina comenzar a cobrar el arancel a los insumos importados establecido en el nomenclador aduanero, así como la tasa de estadística general del 3% que se cobra a toda importación, por lo que se removería la exención hoy existente.
“El llamado ‘subrégimen industrial’ no sólo no ha logrado promover actividades sustentables, sino que, para expandirse hacia nuevas actividades —particularmente el ensamble de teléfonos celulares—, ha requerido incluso resignar criterios de agregación mínima de valor, parte del espíritu original de la Ley 19.640. La ausencia de un progreso claro en el camino de la autosustentabilidad se contrapone con la presencia de un significativo costo fiscal (0,22% del PBI) para el sostenimiento económico de las actividades existentes”, detalla el documento.
‘Fundar’ detalló que el costo fiscal anual que genera el subrégimen industrial constituye «una renuncia fiscal significativa en un país que debe armonizar la atención de necesidades a lo largo y a lo ancho de su territorio”, y agregaron que el esquema tampoco logró generar la autonomía económica para que «Tierra del Fuego deje de depender de los vaivenes de los gobiernos nacionales”.
Según el centro académico, la idea del paper es «revisar el subrégimen y cambiarlo, no darlo de baja, poniendo incentivos adecuados a la agregación de valor y ahorrando el costo fiscal». Además, explicaron que los otros beneficios del régimen, «como que los habitantes no paguen Ganancias ni IVA, no se tocaría”.
Asimismo aseguran haber hablado con todo el sector: “Todos están de acuerdo con que el régimen tiene cosas que hay que cambiar, pero nunca hay propuestas concretas para hacerlo. Es la primera vez que se hace algo atado a la transformación productiva. No hablamos de sacar nada: se habla de nuevas actividades y protección a los trabajadores afectados”.
“Este régimen es la manifestación más clara de lo que no se está haciendo bien en términos de política productiva en el país. Fondos puestos en algo que no funciona. Nuestro análisis se basó en celulares, televisores y aires acondicionados. Celulares es lo que más costo fiscal genera y es puro ensamble. En 11 años se dejaría de ensamblar y se iría a un modelo importador. Hoy se importan kits que cuestan 100, por poner un número, y el teléfono terminado también vale 100», señalaron.
El equipo de trabajo que realizó la serie de documentos contó con dos codirectores, Juan Carlos Hallak (UBA-Conicet) y, por Fundar, Tomás Bril Mascarenhas (Área de Política productiva). Integraron también el equipo de trabajo Lucía Pezzarini, Leonardo Park y Ángeles Sancisi (Área de Política productiva de Fundar) y Belén Bentivegna, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA-Conicet).
