La legisladora radical Liliana Martínez Allende instó a sentar a las partes para definir los roles del gobierno y el municipio, luego del fallo de la Corte Suprema vinculado con la demanda iniciada por las municipalidades. Observó que el gobierno tiene a cargo la salud y la educación, que en Ushuaia los servicios de agua y cloacas los presta la provincia, y no hay “una sola salita para tomar la presión”, a diferencia de Río Grande. Barajó la posibilidad de que los municipios deban ceder parte de sus recursos.
Río Grande.- La legisladora radical Liliana Martínez Allende tomó postura frente al fallo adverso a los municipios vinculado con la demanda iniciada contra la ley 1075, aprobada en la gestión Bertone, que distribuye entre gobierno y municipio el cobro del impuesto inmobiliario.
Esta semana el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó una minuta de comunicación pidiendo a la Legislatura la derogación del primer capítulo de la ley 1075, referido a este tema. Hoy el inmobiliario lo recauda el municipio y, de aplicarse la ley como fue redactada, quedaría compartido con la provincia en un 60% para los municipios y un 40% para la provincia.
“Es un tema que tenemos que tratar pero no lo hemos hablado y no está en discusión en este momento en comisión. Es un tema muy sensible y yo quiero decir que no voté esa ley. Más allá de eso, creo que hay que sentarse con los municipios y el gobierno de la provincia y poder hablar, porque hay duplicidad de funciones, hay obras de los municipios que son hechas todas con fondos nacionales. No sabemos qué hacen los municipios con los fondos que recauda la provincia y les coparticipa. En el caso de Río Grande, se acaba de inaugurar el cuarto centro de atención primaria, pero en Ushuaia no tenemos ni siquiera una salita que tome la presión, siendo que en el impuesto inmobiliario se cobra un ítem que dice ‘salud’. Nos debemos una charla profunda para ver qué actividades tiene que desarrollar cada uno, porque hay duplicidad en Cultura, en Deportes, en Defensa Civil, y muchas cosas no son necesarias”, afirmó.
“Cada uno podría hacer lo suyo, porque el gobierno de la provincia tiene Educación y Salud. En Ushuaia no hay salitas de salud pero sí hay escuelas municipales. En Ushuaia Obras Sanitarias es del gobierno de la provincia y en Río Grande depende del municipio, pero también el gobierno provincial ha hecho obras de agua y también obras eléctricas, porque está la Cooperativa pero el gobierno ha puesto una turbina al principio de la gestión Melella”, recordó.
“Estas cosas tenemos que discutirlas para que todos puedan usufructuar de un impuesto inmobiliario que sea justo”, planteó.
Deudas de coparticipación
Respecto del reclamo que surgió ahora desde los municipios por deudas de coparticipación de la provincia, lo vinculó directamente con el fallo. “En Río Grande se habla de un monto de 1.500 millones de pesos, y un monto similar en Ushuaia. Por eso digo que tenemos que sentar a los tres municipios y al gobierno de la provincia y dialogar. Ellos tienen buena relación aunque ahora dicen que hay deuda. Yo desconozco eso pero están conformando un mismo espacio político desde hace mucho tiempo y deberían poder ponerse de acuerdo”, dijo.
“Ahora que ha salido este fallo están denunciando que hay deuda con los municipios pero hasta ahora estaban mudos todos, y resulta que les deben más de mil millones. Yo realmente lo desconozco y llama la atención. Es una buena oportunidad para que se sienten a dialogar. Siempre se habla de los municipios ricos y del gobierno pobre, y tampoco es justo, pero no me gustaría desfinanciar a los municipios. Hay que sentarse, poner en una mesa todas las partes y dialogar con los legisladores hasta encontrar un acuerdo. Nadie quiere desfinanciar a los municipios, pero en Córdoba se cobra el impuesto inmobiliario por la provincia y el impuesto inmobiliario por los municipios. Yo no querría que se ponga un impuesto inmobiliario más a los ciudadanos de Tierra del Fuego. Creo que va a haber que ceder parte de esos recursos a la provincia”, barajó.
Se le recordó que Melella, como intendente de Río Grande, realizó el reclamo junto al municipio de Ushuaia, que derivó en la definición de la Corte Suprema. “Me parece que no es justo sacarle mil millones a los municipios y que se puede llegar a un acuerdo para compartir este impuesto de alguna manera. Hay que sentarse en la mesa con los números claros para que los legisladores podamos saber si hay deuda o no, y por qué está pasando esto. Es una buena oportunidad para sentarse a dialogar y que logremos un acuerdo que no sea desfinanciar a los municipios pero tampoco al gobierno de la provincia”, concluyó.
