La legisladora del MPF reveló que, en la documentación elevada a la Legislatura, aparece un contrato de la empresa Sullair con el gobierno nacional, por el cual ya se habrían vendido las instalaciones que la provincia pretende comprar por doce millones y medio de dólares. Elevarán un pedido de informes a la DPE y no descartan una presentación judicial. Urquiza expuso que hay “un negocio redondo” para la empresa, dado que tampoco tiene garantías de que pueda sacar las turbinas de la provincia porque debe ser aprobado por Aduana y están “en instalaciones de la DPE”. Afirmó que había alternativas al endeudamiento, desde seguir pagando el subsidio mientras se compra una turbina nueva, a plantear la expropiación por ser bienes
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