El secretario general de la seccional Río Grande de ATE negó estafas con la operatoria de 120 viviendas y aseguró que están en la provincia los 120 adjudicatarios. Remarcó que todos pasaron “el filtro” del IPV para llegar a obtener sus llaves y que corresponde al organismo estatal hacer el seguimiento y los controles. Mencionó un solo caso de un anuncio de venta, que corresponde a una persona a la que “le hackearon” el teléfono, pero no se concretó ninguna operación. También adelantó que enviará “varias cartas documento” a periodistas que han puesto en duda la transparencia del sindicato. Reconoció que durante tres años y medio desde que se entregaron las viviendas, los adjudicatarios no pagaron ninguna cuota ni tampoco
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