Luego de la eliminación de los diferenciales de asignaciones familiares para la Patagonia, el Gobierno nacional negocia otras alternativas para asegurar el recorte del gasto público para el Presupuesto de 2019. Una de esas opciones es eliminar el régimen jubilatorio especial de las provincias del sur, que implica un pago diferencial de 40% por tratarse de una «zona desfavorable».
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El intendente Gustavo Melella mantuvo este martes un encuentro con representantes de los distintos sectores que integran la CGT Río Grande encabezada por su Secretario General Mariano Tejeda, quienes confirmaron el acompañamiento a la presentación judicial que realizará el Municipio contra los recortes a las asignaciones familiares y ayuda escolar.
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Ayer se reunieron con el intendente Melella y a más tardar la próxima semana se presentaría el amparo para frenar el decreto que elimina el adicional por zona a las asignaciones familiares. Daniel Rivarola destacó la importancia de la participación de la CGT como representante de los trabajadores del sector privado, que dependen “absolutamente” de este adicional. Además, planteó la afectación a toda la economía de la zona norte, con una suma de entre 10 y 15 millones de pesos que dejaría de circular mensualmente.
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El dirigente del MoPoF, Damián Loli Löffler, responsabilizó al Gobierno de Rosana Bertone por ser quien llevó adelante “el ajuste en Tierra del Fuego”. Si bien la decisión de reducir las asignaciones familiares a los trabajadores de la región es del Gobierno nacional, Löffler pidió tener memoria del “ajuste que Bertone hizo en la provincia siguiendo las políticas nacionales”. A modo de ejemplo enumeró “el congelamiento de los salarios estatales, el cobro compulsivo del aporte solidario, y el congelamiento de las jubilaciones”, entre otras medidas.
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Así lo afirmó el concejal por la UCR Paulino Rossi en referencia al decreto presidencial 702/18 por el recorte de las asignaciones familiares. Consideró que es una “medida nefasta, y esperemos que se revea en el corto plazo”. Además puntualizó que esto se “trata de una quita explicita del salario”.
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La gobernadora Rosana Bertone expresó públicamente su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de recortar las asignaciones. En esta ocasión, el Ministro Jefe de Gabinete instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para acompañar en una demanda de una trabajadora de UTHGRA contra el Decreto 702/18 del PEN que propicia dicho recorte.
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