El recurso presentado por las paritaristas de la provincia, se transformó en el primer amparo incorporado en el Registro Público de Procesos Colectivos ante la inexistencia de antecedentes en relación a derechos políticos de las mujeres. Asimismo, la sentencia reconoce como sujeto demandado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, quedando suspendida momentáneamente la jura.
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La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande y la Asociación de Mujeres e Hijes Familiares de Personas Privadas de la Libertad, emitieron de manera conjunta un crítico comunicado, referido al cómputo de pena que están recibiendo las personas condenadas a perpetua en el Distrito Judicial Zona Norte. Les vienen fijando un total de 50 años de prisión, número que según entienden quienes integran la Multisectorial significa una “pena de muerte” encubierta. Aseguraron que, de esa forma, se terminan aplicando “penas inhumanas, degradantes y crueles; las cuales de hecho significan una condena a muerte lenta y tortuosa”.
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En la última sesión de la Legislatura Provincial el proyecto fue girado a comisión para su debate y busca que la obra social del estado “vuelva a estar a la altura de las necesidades de las familias fueguinas”.
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Se trata de Francisco Pinilla, quien viajaba a bordo de una motocicleta a la altura del Puente de Río Chico, por la vieja traza de la Ruta Nacional 38 de Tucumán. El fallecido se encontraba haciendo uso de su licencia por vacaciones. Se trata del segundo uniformado de Tierra del Fuego, que fallece fuera de la provincia.
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La agenda quedó congelada mientras avanzan con las negociaciones puertas adentro. Todos los frentes siguen abiertos y los intereses en juego corren por fuera del proyecto
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Con el objetivo de jerarquizar la labor que realizan los profesionales que se desempeñan en el ámbito del Servicio Penitenciario de la Provincia, la Legislatura sancionó ayer la reforma de la Ley provincial Nº 777, a partir de la cual se crea el departamento de estudios en contexto de privación de la libertad. Se trata de una iniciativa impulsada por los propios trabajadores de esa institución que se enmarca en el cumplimiento de los derechos humanos, la Constitución Nacional y las leyes específicas de ejecución de la pena y de carácter educativo.
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